A inicios de agosto, en el marco del 21° Festival de Cine de Lima organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, más de 700 reclusos de los penales de Lurigancho, Castro Castro y Mujeres de Chorrillos de Lima participaron por primera vez de una función de cine gracias a una iniciativa, insólita en nuestro medio, del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esta experiencia debiera ser replicada pronto en Piura y en otros penales del país.

Tal como lo ha señalado el Vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario, Javier Llaque Moya, esta actividad es parte de una política de «mano abierta dirigida a los privados de libertad que optan por el camino de la adecuada rehabilitación».

«El momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú».

Uno de los poemas más conocidos de César Vallejo (recopilado en «Poemas humanos») contiene este pie de verso que refleja con exactitud el infierno que puede significar ser presidiario en el Perú, como él mismo lo fue entre 1920 y 1921. José María Arguedas, que en 1937 pasó una temporada en «El Sexto» (a la que llamó «una de las prisiones más inmundas que pueda imaginarse») describió la vida allí como «terrible e intensa (…), tan lóbrega, tan triste y al mismo tiempo tan cargada de la más formidable esperanza».

Según datos oficiales, las cárceles del país están hacinadas: su capacidad de albergue ha sido excedida en más de 220% (hay 82,507 internos, cuando apenas están preparadas para 35,928). La razón es el déficit de infraestructura y una política criminal que privilegia irrazonablemente la prisión preventiva (33,718 internos, más del 40%, no tienen sentencia) y la pena privativa de libertad (hay 46,478 sentenciados) como soluciones al delito. Esta situación genera graves afectaciones a las condiciones de vida y a los derechos fundamentales de los internos e impide de un modo resonante que el régimen penitenciario cumpla su función constitucional de «reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad» (artículos 139, numeral 22, de la Constitución Política y IX del Título Preliminar del Código Penal). Por el contrario, antes que resocializar, las cárceles han terminado convirtiéndose en escuelas del delito y en focos altamente peligrosos de corrupción, extorsión, secuestro y asesinato, además de fuentes de transmisión de enfermedades como la TBC y el VIH.

Devolver la dignidad al preso es devolvérsela a la sociedad

Históricamente, el Estado ha visto a las cárceles como un lastre sobre el que no vale la pena invertir. Hubert Lanssiers, sacerdote belga de los Sagrados Corazones que dedicó gran parte de su vida a promover la dignidad de los presos del país, señalaba que «el problema de los penales, estiman algunos, no es prioritario, es una herida más en el cuerpo adolorido del país. Este razonamiento resulta superficial. Una llaga no cura las otras, una dimisión no fomenta el sentido general de responsabilidad y el abandono de un cierto sector de la población no estimula el interés por los demás. El simple hecho de amputarse la nariz no embellece el rostro. Además, los derechos humanos son indivisibles y no se pueden escoger como se escogen los platos, a la carta, en un chifa.»

Esa visión de las cosas denunciada por Lanssiers no es solo éticamente reprochable sino contraproducente en la práctica, pues ha profundizado la función de las cárceles como parte del círculo delictivo y, como tales, las ha convertido en un obstáculo infranqueable para lograr la resocialización de, al menos, los de menor peligro o de aquellos que en condiciones favorables serían fácilmente recuperables.

Desde hace varios años vienen implementándose en el país diferentes programas laborales destinados a la rehabilitación de las personas privadas de libertad, aunque la mayor parte de ellos ha carecido de sostenibilidad ante los graves problemas del sistema penitenciario. Actualmente se ejecuta la propuesta «Cárceles productivas», por la cual se promueve (también en Piura) que las empresas instalen sus maquinarias en los establecimientos penitenciarios con el fin de incorporar a los internos en el proceso de producción. De ese modo se busca aumentar su participación en los talleres de carpintería, panadería, textiles, manualidades, entre otros, a fin de que puedan obtener beneficios, optimizar su capacitación como mano de obra calificada y apoyar a sus familias económicamente.

Sin embargo ha sido poco lo que se ha hecho fuera del ámbito laboral y en particular, en las artes y ciencias. Se han conocido experiencias, por ejemplo, en promoción de la lectura y en creación literaria, pero por lo general se ha tratado de iniciativas esporádicas y ajenas a las políticas institucionales. Por eso nos llama gratamente la atención esta nueva iniciativa de llevar el cine a las cárceles.

«Desde que conozco el arte esta celda se ha convertido en una cárcel»

Esa línea es dicha por un preso en la película «César debe morir» (2012), dirigida por los hermanos Paolo y Vittorio Taviani, que desarrolla la historia de un grupo de presidiarios de una cárcel de Roma que preparan el montaje teatral del «Julio César» de Shakespeare. El filme tiene la peculiaridad de ser actuada en su totalidad por los mismos presidiarios y expresa muy bien las posibilidades del arte en general, y del cine y el teatro, en particular, de impactar positivamente en la vida de estas personas, permitiéndoles conocer otras vidas y emociones, explorar su sensibilidad individual y social, reflexionar sobre sus propias vivencias y fortalecer su empatía con los demás.

Algo de eso ha pasado con la proyección de las películas «Rodar contra todo» (Marianela Vega, Perú, 2016) y «Alba» (Ana Cristina Barragán, Ecuador, 2017) en tres penales de Lima. La primera película aborda las dificultades que debieron afrontar los integrantes del primer equipo peruano de rugby en silla de ruedas, y la segunda (cuyo estreno absoluto en el Perú se dio en el penal de Mujeres de Chorrillos), cuenta la historia de una niña que pasa la mayor parte del tiempo en silencio y se muda a vivir con su padre, al que casi no conoce, debido a la incapacidad de su madre para cuidarla. Al final de cada proyección se realizó un conversatorio con los internos, internas, personal de tratamiento del INPE y profesionales del Centro Cultural de la PUCP, con el fin de crear un espacio que motive la reflexión. Allí los internos e internas mostraron con claridad que el cine es capaz de mover fibras internas del alma, a veces escondidas. Algunos de ellos expresaron que «no recordaban cuando había sido la última vez que asistieron a una sala de cine», que «hace 14 años no iba al cine», pero también se identificaron con la historia («esa es mi historia» u «hoy aprendí que mi historia no es la más triste»).

Es importante que las políticas públicas traten a los presos con una mirada de humanidad que vaya más allá de las necesarias mejoras en infraestructura y política criminal. Esto no tiene que ver con caer en la ingenuidad de asumir que una película puede por sí misma cambiar la vida a un delincuente o mejorar sustancialmente la de un inocente en prisión. Tampoco supone brindarles privilegios o beneficios a quienes no se los hayan ganado cumpliendo condiciones elementales como su buena conducta. Como decía el padre Lanssiers, se trata de no dar ninguna vida por perdida, de agotar todos los esfuerzos para tratar con dignidad a las personas y buscar que ellas mismas reconozcan su dignidad y valía, de no desaprovechar las posibilidades que para ello ofrece el arte.

Sabemos que esta iniciativa es promovida por servidores jóvenes del INPE que intentan que las cárceles no terminen por convertirse en “depósitos de personas” sino que sean una oportunidad para que puedan reinsertarse en la sociedad quienes estén dispuestos a hacerlo. Ojalá que siga adelante y que tenga el éxito que se merece.

(Publicado originalmente en el suplemento «Semana» del diario El Tiempo de Piura, el domingo 27 de agosto de 2017)