Caso interesante y de cuyo debate no están exentas las naciones que -como la nuestra- poseen más de una sola lengua y no pocas diferencias culturales a partir de ellas. La Generalitat de Catalunya (entidad representante de la autonomía de esta región) ha decidido promulgar próximamente su primera Ley del Cine. De acuerdo a esta, se impondría el obligatorio doblaje o subtitulado al idioma local de por lo menos el cincuenta por ciento de las películas que se estrenen en Cataluña. Solo quedarían exceptuadas de ello, las realizaciones habladas en castellano. Según el Consejero de Cultura Joan Manel Tresserras, esta medida va a aplicar aspectos previstos en la Ley de Normalización Lingüística de 1983 para garantizar la paridad del castellano y el catalán en el ámbito cinematográfico, espacio de la expresión cultural y artística en el que la desproporción es más amplia.

Pero como siempre en estos casos, tal vez sea el aspecto financiero el que produzca la mayor controversia. De acuerdo a esta ley, también se promoverá la exhibición de cintas en su versión original, y esta alternativa de exhibición cinematográfica se financiaría cobrando una tasa a las películas dobladas. «Pensamos que el cine doblado, que ha marginado a la versión original, podría estar afectado por un carga, por una tasa pequeña que sirva para alimentar este estímulo al cine en versión original subtitulada», declaró Tresserras. Como pueden imaginarse, este último aspecto tal vez no sea tan sencillo como parece solo el decretarlo. En 1998 el gobierno catalán de ese entonces intentó concretar una iniciativa similar y se encontró con la fuerte oposición de las majors, concluyendo el caso con la derogación del decreto de doblaje. Ciertamente algún cambio de este tipo en las legislaciones culturales, requiere un largo proceso de negociación y no solo un repentino despertar de cuando en cuando. Aún así nos basta para conocer experiencias de este tipo a nivel político, con respecto a lo que se podría venir en un futuro no muy lejano para países como varios de Latinoamérica, en los que todavía no existen efectivas políticas de protección a los idiomas y culturas que la integran más allá de la imperante.

(Vía El País)