La siempre sensible blogósfera peruana recoge una noticia que publicamos hace poco sobre el convenio entre el Ejército Peruano y la Universidad Alas Peruanas para producir la película Vidas paralelas y la extraen del ámbito cinematográfico para otorgarle otras lecturas de índole politico, dadas las circunstancias actuales en nuestro Perú. Por ejemplo, Zona de noticias hace un resumen de las opiniones que van apareciendo al respecto.

Quien se pregunta, y expone mayores reparos al respecto es José Alejandro Godoy, desde su tercerpiso:

El primero es de índole, digamos, estética. Con un guión elaborado por un oficial de las Fuerzas Armadas, toda sutileza que pueda tener la película se pierde, con lo que, muy probablemente, tengamos un producto que tienda a la mera propaganda, no a una obra de arte. Y ya sabemos que la propaganda militar no se caracteriza precisamente por su factura artística, sino por demostrar claramente cuales son sus intenciones. Es decir, como me dijo alguien, el bodrio cinematográfico está garantizado.

El segundo tiene que ver con un tema de fondo, recientemente actualizado por la censura a Piero Quijano. Es la falta de reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado. Puestas como simples «errores» o «excesos», cualquier alusión siquiera a que, en algunos lugares y momentos, estas prácticas constituyeron patrones sistemáticos o generalizados de violaciones a los derechos humanos, es considerada como insulto a instituciones «tutelares» de la Patria o de complicidad con el senderismo. Y reconocer esto no es hacerle el juego a Sendero, sino saber que, a pesar que tenían el derecho y el deber de protegernos a los ciudadanos de una de las mayores amenazas a la democracia, miembros de estas instituciones terminaron convirtiéndose, para muchos, en representantes de un ente abusivo de los derechos de las personas.

Y es justo el tema de la censura a Piero Quijano, el que arranca comentarios en tono de sorna, como los de Iris Jave, ex encargada de comunicaciones de la CVR, en Periodista Digital

Quizá por ello, irritó tanto al general Donayre la caricatura de Quijano… Le estaba restando protagonismo para su próxima producción.

Paco Bardales en el Diario de IQT dice:

Porque, habría que ser bien cuco para, por un lado censurar una muestra artística como la de Piero Quijano, con roche incluido, y por lo bajo, darle impulso a esta súper-producción de propaganda de los valores que él considera caros e inherentes al temperamento de su institución.

Roberto Bustamante (El blog del Morsa), a su vez señala:

otra pregunta que queda… ¿el ejército puede gastar en este tipo de cosas?

Una cuestión más para el debate, es la que plantea Víctor Coral en Luz de Limbo:

Cabe preguntarse además si la visión que dará la película de la violencia política reflejará los resultados de las investigaciones de la CVR que el propio Estado peruano financió, refrendó y asumió, y que por lo tanto el EP debe respetar.

Y Gustavo Faverón en Puente Aéreo ensaya varias ideas:

Yo me temo que estamos ante las puertas de un esfuerzo desembozado del Ejército por priorizar la concientización de los peruanos y la domesticación de sus opiniones y por transformarse en un factor cada vez más determinante en el juego del poder. (…) Sumemos dos más dos: ¿vamos a permitir que el Ejército se convierta en una entidad con derecho a vetar todo lo que le disguste en el ámbito de la producción cultural y, al mismo tiempo, derecho a participar en esa producción cultural, en directa competencia con otros productores?

Del mismo blog, resaltamos este comentario de Miguel Rodríguez Mondoñedo al respecto:

me parece muy saludable que el ejército verbalice (o en este caso, «visualice») su versión. Es, de hecho, mucho mejor que simplemente sentarse a rumiarla en silencio (o a través de censuras).

La polémica está abierta. Seguiremos el intercambio de ideas de cerca.

[Actualización: 12:30 horas] Ricardo Bedoya, y su Páginas del diario de Satán, complementa la información histórica que indicamos en nuestro post original, con un caso de 1941, extraído de su libro Un cine reencontrado. Diccionario ilustrado de las películas peruanas:

[Kurt Hermann y Manuel Trullen, director y cámara] Pretenden realizar un noticiario sensacional con imágenes de las acciones bélicas, destinado a exhibirse en los cines de la capital, pero acumulan tal cantidad de material interesante que Federico Uranga, hombre fuerte de la compañía productora, y Kurt Hermann, jefe de producción de Nacional Films, deciden editar un largometraje documental sobre el conflicto que culminó con la suscripción del Protocolo de Río de Janeiro. A la película le ponen el título Alerta en la frontera.

A pesar de la aprobación inicial del Ejército, Alerta en la frontera es prohibida y nunca se exhibe en las salas públicas. ¿Las razones? Impedir cualquier alteración de las negociaciones diplomáticas en el período posterior al conflicto.

Un año después, en 1942, también con Kurt Hermann como director y Trullen en la cámara, se filma La vida del cadete peruano, con un “argumento escrito por el Comandante Capella”

La autorización para rodar en la Escuela Militar de Chorrillos y el apoyo brindado por el Ejército a esta apología de la vida y formación militar fue una suerte de compensación otorgada por el Ministerio de Guerra por el perjuicio causado el año anterior con la prohibición de Alerta en la frontera.

En la producción de La vida del cadete peruano hubo, “sotto voce, financiación oficial, a modo de reparación económica por los estropicios causados, pero también como inversión publicitaria de imagen institucional.”

[Actualización: 16 julio] Francisco Canaza agrega otro punto de vista a la discusión desde su blog Apuntes peruanos:

¿Y qué pasará con Vidas Paralelas? ¿Censuraremos también nosotros? Nadie es dueño de la verdad, por mucho que así se diga. Nadie tan sabio que conozca desde ya la opinión del otro. Por tanto, el Ejercito tiene el derecho de anunciar y publicar su versión de los hechos, dentro de la legalidad y en atención al presupuesto programado para labores comunicativas, fondos que poseen las instituciones armadas, como cualquier otra instancia del Estado.