Algunos espectadores deben haber visto en los cines este afiche de candorosa imagen y paradójico mensaje: Cine para todos. Y los más atentos recordarán que el lanzamiento en Huaycán de Motor y motivo, el miércoles 3 de junio, se realizó en el marco de la campaña que reuniría a cineastas y empresarios del negocio cinematográfico alrededor del proyecto de una nueva norma legal, la “Ley Procine”, cuyos artífices congresales (Luciana León, Isaac Mekler, Carlos Raffo y Luis Fernando Galarreta) participaron del estreno. Pues bien, ese proyecto no es el que durante años se ha estado manejando en la comunidad cinematográfica para reemplazar o complementar la actual Ley 26370, que desde hace una década mostró claramente sus limitaciones y dificultades para cumplirse, al depender totalmente de la escasa voluntad política del Ministerio de Educación y el régimen de turno para la entrega de las partidas presupuestales.
En medio de la celebración por el éxito de La teta asustada, que colocó al cine en la agenda de los medios de comunicación y de las autoridades, los legisladores Luis Gonzales-Posada y Johnny Peralta, quienes desde las presidencias del Parlamento y de la Comisión de Presupuesto, respectivamente, han tenido bastante que ver con el paulatino incremento presupuestal de Conacine, impulsaron la propuesta de los cineastas peruanos que nuestro organismo oficial encarnaba. Presentaron el proyecto de la Ley de Fomento a la Producción Cinematográfica Nacional el 16 de marzo, que hasta cierto momento avanzó y tenía posibilidades de cristalizarse. Sin embargo, en el camino los distribuidores y los exhibidores, que igualmente integran Conacine, también se movieron y prepararon el proyecto de la Ley de Masificación del Cine y Fomento a la Cinematografía Nacional, el cual fue presentado en el Congreso, precisamente el 3 de junio, por el cuarteto multipartidario.
Esta segunda propuesta al parecer ha sido aceptada por Conacine y la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP), en una negociación de la que no se conocen mayores detalles, y ha ganado espacio en el ámbito legislativo. Existe la versión de que el proyecto de Peralta y Gonzales-Posada ha sido relegado y correría el riesgo de ser archivado. Ante ello, en estos días diversas voces de la comunidad han expresado su preocupación, básicamente en la lista de correo Cinemaperú, por lo que consideran una serie de decisiones desfavorables para los intereses de los cineastas nacionales, asumidas entre pocas personas y sin debate público.
Ambos proyectos -que llamaremos Ley Peralta (LP) y Ley Majors (LM)- no buscan derogar la legislación vigente, sino hacerle pequeñas modificaciones y reforzarla. Coinciden en el anacronismo del Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, y en la creación de un Fondo PROCINE, que los cineastas presentan como Fondo de Fomento a la Producción Cinematográfica Peruana, y los distribuidores y los exhibidores llaman Fondo para el Desarrollo de la Producción Cinematográfica Nacional. Como se sabe, el artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal indica que, en las funciones cinematográficas, corresponde un 10% del valor de la entrada. La Ley Peralta propone que el Fondo reciba, además de las partidas presupuestales del Ministerio de Educación, el 50% del monto recaudado por ese impuesto, o sea el 5% de cada boleto, lo que representa aproximadamente 6 millones de soles al año, y el 1% de la tarifa mensual del servicio de TV por cable, que significaría unos 780 mil soles al mes (esta fuente ya fue desestimada en el análisis legislativo previo).
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